Historia de nuestro despacho

A finales de los años 60, un grupo de profesionales de la abogacía fundó el despacho de abogados en la calle Lista, hoy denominada José Ortega y Gasset..

Comenzaron como abogados laboralistas, y defendieron ante la Magistratura de Trabajo a la mayoría de los trabajadores de las fábricas de Standard, Marconi, Pegaso, Bimbo, Induico… y a multitud de periodistas de TVE y otros medios de difusión, en defensa de sus derechos. Las sentencias obtenidas, sentaron jurisprudencia. Además, colaboraban intensamente con otros despachos laboralistas de renombre, como los situados en la calle Atocha 55 y en la calle Españoleto.

En aquella época, se dedicaron de forma intensa a asuntos penales que han marcado la historia de nuestro país, tales como la defensa de más de 140 procesados ante el TOP (Tribunal de Orden Público), entre los que destaca la representación de uno de los procesados del conocido Proceso 1001. En el Despacho de Lista Abogados, se preparó y coordinó la defensa del Juicio Sumarísimo celebrado en septiembre de 1975 en el Cuartel de El Goloso, en un proceso que dio lugar a los últimos fusilamientos durante la dictadura franquista.

También en los años 70, el Despacho de Lista Abogados defendió los intereses de los vecinos en la Remodelación del barrio madrileño de Vallecas en la zona de “Palomeras Bajas”, erradicando el chabolismo. El despacho tuvo especial significación en la defensa de juicios tan importantes como la “Estafa de Vilda”, que afectó a más de 4.500  personas  que consiguieron recuperar su dinero. En este despacho se constituyó a finales de los 60 la primera Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas y se redactaron la mayoría de los estatutos de las Asociaciones de Vecinos de Madrid y provincia. En el año 1976 se obtuvo la famosa sentencia “Cruz  Blanca”, creando el principio jurídico del derecho a la vivienda.Dos abogados del despacho, Francisca Sauquillo y Jesús Rey, publicaron en 1981 el primer libro sobre el divorcio titulado “Ley del Divorcio”, que analizaba la Ley recién aprobada y se facilitaban los primeros formularios para tramitar los procedimientos de separación y divorcio que fueron ampliamente usados por abogados y Juzgados.

Durante los años 80 y 90, el Despacho de Lista Abogados defendió a más de 3.500 afectados por la intoxicación producida por el aceite de colza, en los dos procesos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Las causas concluyeron con sendas sentencias que permitieron a millares de afectados del llamado Síndrome Tóxico, cobrar del Estado las indemnizaciones a las que tenían derecho, para paliar las graves secuelas que produjo el envenenamiento. El Despacho de Lista Abogados ha participado en algunos de los más complicados macro procesos del siglo XXI, como el “Caso AVE” así llamado por las adjudicaciones de las obras del tren AVE a Sevilla; el “Caso SEAT” o el “Caso Ciempozuelos”. Se han llevado adelante con éxito las reclamaciones de afectados por la venta de participaciones preferentes, participaciones subordinadas, SWAPS y acciones frente a bancos y antiguas cajas de ahorro, logrando que sus clientes recuperen su dinero. Hoy, el Despacho de Lista Abogados sigue vinculado, como siempre y de forma activa, a la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Sentencias históricas

Proceso 1001

Sumario 1001 de 1.972. Juzgado de Orden Público número 1. Rollo núm. 1.001 de 1.972

El “Proceso 1001” tuvo lugar el 20 de diciembre de 1973 en el Tribunal de Orden
Público. Los encausados formaban parte de la cúpula dirigente de Comisiones
Obreras¨: Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Francisco García,
Fernando Soto, Juan Muñiz, Francisco Acosta, Miguel ángel Zamora, Pedro
Santiesteban y Luís Fernández. La acusación se basó especialmente en sus
antecedentes penales, ya que buena parte de ellos eran habituales del Tribunal de
Orden Público (TOP) y de las cárceles franquistas.
El proceso tuvo una gran repercusión internacional y una presión constante sobre el
régimen de Franco; el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, jefe de Gobierno,
que coincidió con el juicio, endureció las sentencias y los acusados fueron condenados.
a más de 161 años de cárcel. La vista del recurso de casación tuvo lugar lugar el 11 de
febrero de 1975. Se rebajaron las penas y los que aún permanecían en la cárcel fueron
indultados por el rey en diciembre de 1975, tras la muerte de Franco.

Últimos fusilamientos del franquismo en 1975

La noche más larga que cantó Luis Eduardo Aute comenzó con un consejo de guerra sumarísimo que se celebró en las dependencias militares de El Goloso, en la capital madrileña, los días 11 y 12 de septiembre de 1975. Se juzgaba el atentado con resultado de muerte contra el policía armado Lucio Rodríguez, el 14 de julio de 1975. De los cinco procesados, tres fueron condenados a muerte, José Humberto Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar. Mientras a los dos últimos se les conmutó la pena de muerte por reclusión, José Humberto Baena Alonso sería ejecutado por fusilamiento en Hoyo de Manzanares (Madrid). Cinco días más tarde en otro juicio contra militantes del FRAP, se condenó a Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Solla. Los tres fueron fusilados al alba el 27 de septiembre de 1975.

La canción Al Alba de Luis Eduardo Aute ha quedado vinculada a estos hechos

Síndrome tóxico

Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 26 Sep. 1997, Rec. 2569/1996
Fue el primer macrojuicio que se celebró en la Audiencia Nacional, una vista que comenzó el 30 de marzo de 1987, con 38 acusados por el envenenamiento masivo con aceite de colza de uso industrial que afectó a más de 20.000 personas y ocasionó 600 muertes en 1981. El juicio marcó un antes y un después en la justicia española. El sumario tardó cinco años en completarse y el Tribunal Supremo dictó sentencia en 1989, condenando solo a 13 personas a penas de 6 meses y 20 años de cárcel. Tres años más tarde, en 1992, se elevaron las penas de varios de los acusados que se declararon insolventes, por lo que el Estado fue declarado responsable civil subsidiario en 1997 y obligó a restituir el total de las indemnizaciones. El pago se demoró, en algún caso, más de dos décadas.